Informe estándar de progreso1 Enero Diciembre de 2015



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Informe estándar de progreso1

Enero - Diciembre de 2015

Marzo 2016



Contenido





Contenido 2

1.Fortalecimiento, seguimiento y evaluación de las herramientas de Justicia Transicional existentes. 5

1.1. Articulación y Fortalecimiento de organizaciones de víctimas. 5

1.2. Apoyar mecanismos que garanticen el acceso a la verdad y la justicia. 8

1.3. Apoyar iniciativas de reintegración y reconciliación con enfoque comunitario. 11

1.4.Fortalecimiento institucional para la implementación de mecanismos de Justicia Transicional. 15


Análisis de contexto
En materia de justicia transicional el año 2015 estuvo centrado en los avances de la Mesa de Conversaciones de La Habana, que a su vez promovieron la preparación de los primeros diseños institucionales y legales necesarios para la implementación de los acuerdos.
El año comenzó con la presentación del Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, conformada a finales del año 2014 por 12 académicos cuyos trabajos fueron sistematizados por dos relatores escogidos por las partes en la Mesa. Los trabajos presentados responden a tres preguntas centrales de acuerdo con la metodología de la investigación: ¿cuál es el origen del conflicto? ¿Por qué se prolongó? ¿Cuáles han sido sus efectos? Esta Comisión no tenía como propósito lograr visiones comunes ni acuerdos sobre la historia del conflicto, tampoco se trató de una comisión de la verdad, el énfasis de la investigación fue realizar una interpretación académica de los hechos que originaron el conflicto y sus consecuencias. Vale señalar, que este nivel de complejidad, no permitió que los relatores lograran ponerse de acuerdo en un solo documento. Todos los académicos pusieron sobre la mesa sus respuestas sobre el conflicto quedando en evidencia que no existe una visión unificada.
Dentro de los avances destacados de la Mesa a comienzos del 2015, se encuentra el acuerdo sobre desminado, que contempla la limpieza y descontaminación del territorio de artefactos explosivos, minas antipersonales y municiones sin explotar. Se escogieron dos lugares ubicados en los departamentos de Antioquia y Meta, para hacer pruebas pilotos. Este esfuerzo contó con el apoyo de la organización Ayuda Popular Noruega-APN, y con representantes de las FARC y del Ejército, demostrando que ambas partes podían trabajar conjuntamente. Los avances en esta materia están marcados por las grandes dificultades que tiene una empresa de tal envergadura, ejemplo de esto es el accidente en el que perdió la vida el soldado Wilber de Jesús Martínez en la vereda El Orejón del municipio de Briceño, Antioquia.
Otro elemento destacado ligado a la Mesa de Conversaciones en el primer semestre del año, fue la reunión en La Habana de los máximos jefes de las FARC y el ELN, alias “Timochenko” y alias “Gabino”. Reunión permitida por el gobierno colombiano y facilitada por los países garantes, con el objetivo de avanzar en un posible proceso de paz con el ELN.
Entre mayo y junio del 2015 el proceso pasó por dos momentos críticos que hicieron peligrar el avance de las conversaciones y aumentaron la presión de la opinión pública sobre el Gobierno y las FARC para tener resultados tangibles.
El primer momento fue el ataque de las FARC a una patrulla del Ejército en Cauca, con la muerte de 11 soldados, y la respuesta del Ejército con bombardeos a campamentos del Frente 29 de las FARC en el mismo departamento. El ataque de las FARC supuso el rompimiento del cese al fuego unilateral decretado en noviembre del 2014, y los bombardeos del Ejército levantaron la suspensión de esta medida decretada por el Presidente a principio de año. Negociar en medio del conflicto implica aceptar, de manera trágica, el costo en vidas que tiene este modelo, e implica también aceptar que se negocia entre partes enfrentadas durante décadas que deben dar pasos para superar la lógica perversa de la guerra.
El segundo momento fue ocasionado por el ataque de las FARC a infraestructura petrolera y el derramamiento de petróleo de 19 tractomulas en Nariño y Putumayo, respectivamente. Estos hechos ocasionaron que miles de pobladores de Tumaco y Puerto Asís no tuvieran abastecimiento de agua por varias semanas debido a la contaminación de afluentes y al grave daño ecológico sufrido. Aunque los daños ambientales con ocasión del conflicto no eran ajenos a la discusión pública, estos hechos los ubicaron con una mayor relevancia y obligaron a una discusión más profunda sobre cómo serían abordados, y reparados, los daños al medio ambiente ocasionados por los actores del conflicto armado. Las partes en La Mesa, y también la sociedad civil, están en mora de entregar conclusiones asertivas sobre este tema.
Con muy poco tiempo de diferencia, y con la mediación de los países garantes, el gobierno y las FARC presentaron la decisión de implementar medidas tendientes al desescalamiento del conflicto. Las FARC se comprometieron a suspender todo tipo de acciones ofensivas, mientras que el gobierno planteo que en la medida que las acciones de la guerrilla disminuyeran, también lo harían los operativos militares. Esto supuso la reactivación del cese al fuego unilateral por parte de las FARC y la suspensión de los bombardeos por parte del Ejército. Desde que se empezaron a implementar las medidas de desescalamiento el país ha vivido el periodo de menor intensidad del conflicto armado en sus más de 50 años de historia, en número de víctimas, combatientes muertos y heridos y acciones del conflicto2.
En el último trimestre del 2015 se dieron los principales avances en materia de justicia transicional relacionados con la Mesa de Conversaciones de La Habana. A finales de septiembre se reunieron en La Habana el presidente Juan Manuel Santos y el máximo jefe de las FARC alias “Timochenko”, para presentar el acuerdo sobre el punto 5 de la Agenda. Víctimas. En ese momento solo se presentó los puntos principales de este acuerdo que luego fueron completados en la presentación realizada el 15 de diciembre del mismo año.
La base central del acuerdo sobre este punto es la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) que tendrá como componentes principales:

  • La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

  • La Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto.

  • La Jurisdicción Especial para la Paz.

  • Medidas específicas de reparación.

  • Medidas de Garantías de No Repetición.

El Acuerdo sobre el punto de víctimas reafirma formalmente el compromiso de las partes con la definición de instrumentos de justicia transicional que satisfagan los derechos de las víctimas y contribuyan a la construcción de una paz estable y duradera. El SIVJRNR concreta una fórmula que articule el tema de la justicia con los demás componentes de la justicia transicional para encontrar el equilibrio necesario que permita alcanzar una paz sin impunidad.


Frente a la publicación del acuerdo, se han generado diversas reacciones de distintos sectores nacionales e internacionales que van desde catalogarlo como un “un paso indispensable hacia la reconciliación y la paz” a decir que es una “piñata de impunidades”. Pese a las diversas posiciones frente a lo acordado, existe cierto consenso entre críticos y defensores del acuerdo sobre la complejidad del SIVJRNR y los retos enormes que implica su implementación. No solo para su puesta en marcha – para lo que aún se requieren definir bastantes aspectos – sino para que pueda funcionar efectivamente como un sistema coordinado e interconectado. Como lo señala el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Justicia Transicional Pablo de Greiff, la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición “constituyen una serie de áreas de acción interrelacionadas que pueden reforzarse mutuamente en el proceso de subsanar las secuelas del abuso y la vulneración masivos de los derechos humanos3.
Por último, también finalizando el 2015 el Gobierno Colombiano aprobó, como medida unilateral, la otorgación de indulto para 30 miembros de las FARC presos en cárceles colombianas. Por las propias dificultades del sistema de administración de justicia y del sistema penitenciario y carcelario (ausencia de sistemas de información veraces, entre otros), la aplicación completa de esta medida se retrasó hasta entrado el 2016. El último guerrillero de las FARC beneficiado con la medida de indulto, fue puesto en libertad a mediados de marzo de 2016.
El reto en esta materia es garantizar la seguridad de los guerrilleros indultados y hacerlos parte de una ruta de reincorporación que les otorgue herramientas para retomar las riendas de su vida.


  1. Fortalecimiento, seguimiento y evaluación de las herramientas de Justicia Transicional existentes.




    1. Articulación y Fortalecimiento de organizaciones de víctimas.

Durante el año 2015, la estrategia de Redes Territoriales de Víctimas avanzó en el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones articuladas para hacer incidencia en política pública en materia de derechos de las víctimas.


En cada uno de los 22 territorios donde se implementa la estrategia, los equipos promotores realizaron las actividades planeadas con el objetivo descrito de aumentar las capacidades de incidencia política, buscando repercutir en acciones de respuesta institucional en favor de las víctimas en temas como violencia sexual, memoria histórica, atención psicosocial, reparación integral y formación y capacitación. Los principales impactos logrados en este año se pueden resumir en:

  • Se conformó el equipo promotor del departamento de Córdoba, después de la realización de una fase exploratoria desarrollada en el primer semestre del año en los departamentos de Caquetá, Huila y Córdoba. En esta fase exploratoria se tuvieron reuniones y entrevistas con organizaciones de víctimas y acompañantes, instituciones estatales y gubernamentales de los tres departamentos para identificar posibilidades de implementar la estrategia de redes territoriales de víctimas. Después de esta fase se escogió Córdoba por tener las mejores condiciones de trabajo para esta estrategia, en materia de apoyo institucional, capacidad organizativa y presencia de cooperación internacional.

  • Representantes de todas las organizaciones que hacen parte de la estrategia de Redes Territoriales participaron en un espacio de diálogo y construcción en materia de construcción de paz y postconflicto, a partir del desarrollo del IX Encuentro Nacional de Equipos Promotores en la ciudad de Cartagena los días 21 y 22 de mayo, denominado "A ponernos la Camiseta por la Paz". Este espacio permitió que las organizaciones recibieran insumos y construyeran hojas de ruta para la consolidación de rol en escenarios de postconflicto en los territorios.

  • 151 líderes y lideresas fueron capacitadas en herramientas de construcción de paz y justicia transicional, a partir del desarrollo de la Escuela de Justicia Transicional en la que participaron representantes de los 22 equipos promotores reunidos en 5 ciudades del país.

  • Se han identificado y caracterizado todas las organizaciones de 14 territorios donde se implementa la propuesta, teniendo en cuenta su composición por sexo y edad, intereses políticos, participación en redes y espacios de incidencia, a través del desarrollo de acuerdos de subsidio con las organizaciones encargadas en cada territorio.

  • Se aumentó el conocimiento y la capacidad de interlocución de 60 líderes y lideresas de los departamentos de Guaviare y Putumayo en temas de desaparición forzada, desplazamiento forzado, violencia sexual, gestión de proyectos, restitución de tierras, derechos humanos, derecho internacional humanitario y veedurías ciudadanas, a partir de un proceso de formación focalizado en estos dos territorios para disminuir la brecha de desigualdad de capacitación frente a otros territorios de la estrategia.


Enfoque de género
En materia de enfoque de género se priorizaron acciones y se tomaron medidas que concretaran su incorporación en los aspectos principales de la estrategia de redes territoriales de víctimas. Entre esas medidas podemos mencionar:

  • Inclusión de criterios de priorización para aumentar la participación de mujeres en las actividades planeadas en los planes operativos que se incluyen en los acuerdos de subsidio firmadas con las organizaciones encargadas de manejar los recursos de las redes territoriales de víctimas.

  • Priorización de la participación de mujeres en la convocatoria del proceso de formación en Guaviare y Putumayo, estableciendo un porcentaje mínimo de 50% para todos los asistentes a la Escuela. En el caso del Guaviare el resultado es del 95% del total son mujeres. En el caso de Putumayo, el 97% de las participantes son mujeres víctimas del conflicto armado

  • La participación en la Escuela de Justicia Transicional tuvo en cuenta el enfoque de género así como la participación de hombres y mujeres, dando prioridad a la inclusión de mujeres participantes. En total, más del 80% de los participantes fueron mujeres entre un rango de edad de 35 a 55 años. Del total de mujeres participantes, casi el 90% son víctimas del conflicto armado y cerca del 50% cuentan estudios de educación secundaria.

  • En el desarrollo de un acuerdo de subsidio firmado con el Centro Internacional para la Justicia Transicional – ICTJ, se priorizó la participación de mujeres en todos los talleres realizados en distintos municipios del país. En el taller de Villavicencio (Meta), participaron 20 personas y se priorizó la convocatoria en cabeza de las mujeres (28 de octubre de 2015). En el primer taller de Medellín, participaron 14 personas (9 mujeres, 5 hombres) miembros de organizaciones de sociedad civil y de víctimas (de las siguientes subregiones antioqueñas: Medellín, Oriente, Occidente, Suroeste, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Urabá) capacitados sobre los mecanismos de justicia transicional. En el segundo taller de Medellín, participaron 35 mujeres, miembros de la Ruta Pacifica de las Mujeres, capítulo Antioquia, capacitadas sobre los mecanismos de justicia transicional desde una perspectiva del derecho de las mujeres a la verdad.

  • El Proyecto Conjunto entre ONU Mujeres, OACNUDH, ICTJ, FJT sobre Justicia Transicional y Género prioriza la participación de las mujeres en cada uno de sus componentes. En coordinación con ONU Mujeres, el ICTJ, y el OACNUDH se llevó a cabo el diseño metodológico, la convocatoria, la logística del evento y una ponencia en el segundo panel de intervenciones acerca de la incorporación del enfoque de género en el comunicado de la mesa de conversaciones de la Comisión de la Verdad.

  • En coordinación con la propuesta de lucha contra la impunidad y acceso a la justicia de víctimas del delito de violencia sexual se llevó a cabo el segundo ciclo de encuentros regionales sobre derechos de las mujeres, justicia transicional y construcción de paz. Fortalecimiento de capacidades para 100 mujeres de todas las regiones en coordinación con ONU Mujeres, el ICTJ, y el OACNUDH se llevó a cabo el diseño metodológico, la convocatoria, la logística del evento y una ponencia en el segundo panel de intervenciones acerca de la incorporación del enfoque de género en el comunicado de la mesa de conversaciones de la Comisión de la Verdad. Además de la coordinación interagencial se articulación de la red de víctimas en el evento y se posicionó el FJT con la ponencia en del enfoque de género en el comunicado de la mesa de conversaciones de la Comisión de la Verdad.



    1. Apoyar mecanismos que garanticen el acceso a la verdad y la justicia.

En materia de acceso a la verdad y a la justicia, y al apoyo a víctimas de violencia sexual, durante el año 2015 el FJT continuó apoyando a instituciones estatales y organizaciones sociales para la efectiva participación de víctimas en procesos judiciales tendientes a esclarecer hechos de violencia cometidos en el conflicto armado en el marco de la aplicación de la ley de Justicia y Paz.


Acceso a la Justicia.
Los principales impactos conseguidos por esta estrategia se pueden resumir en:

  • 1.244 víctimas del conflicto han podido acceder a instancias judiciales y a medidas de reparación integral a partir del apoyo para su participación activa en 3 nuevos Incidentes de Reparación Integral (IRI) en el marco de la Ley de Justicia y Paz (Bloque Cacique Nutibara – BCN, Bloque Héroes de Tolová – BHT, Ejército Revolucionario Guevarista – ERG). El apoyo del Fondo fue fundamental tanto para el desarrollo de los Incidentes, como para las brigadas previas en donde se realizan las jornadas de acopio documental, otorgamiento de poderes, asistencia y orientación psicosocial, peritaje psicológico y financiero, que permiten brindar una atención integral a las víctimas. En este acompañamiento se contó con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y se destaca la contribución realizada por el Fondo para el esclarecimiento e investigación de los patrones de macrocriminalidad utilizados por los diferentes bloques de las AUC que tienen relación con los casos abordados, así como un importante acuerdo con las instituciones y las organizaciones de víctimas a nivel territorial para adelantar una estrategia pedagógica que contribuya con la socialización de la verdad judicial en diversas regiones del país.

  • Construidos insumos claves para la implementación de la Jurisidicción Especial para la Paz, a partir de un análisis cualitativo y cuantitativo de todas las sentencias de justicia y paz. Este análisis presente evidencia objetiva y hallazgos verificables de los alcances y límites de la Ley de Justicia y Paz como un mecanismo jurídico de persecución penal, en el marco de la justicia transicional en Colombia.

  • Funcionarios públicos y víctimas de Urabá, Norte de Santander, Meta y Magdalena Medio, contaron con socialización de patrones de macrocriminalidad a partir del análisis de la verdad judicial de 4 sentencias de Justicia y Paz. Para el patrón de reclutamiento y utilización ilícita de NNJA se utilizó la sentencia de Justicia y Paz en contra de Fredy Rendón Herrera; para el patrón de Desaparición forzada para eliminación de evidencias del delito se utilizó la sentencia contra alias “El Iguano”; para el patrón de control social se utilizó la sentencia de Baldomero Linares; y para el patrón de violencia basada en género y por orientación sexual o identidad de género diversa se utilizó la sentencia de alias “Botalón”. La socialización de la verdad judicial de estas sentencias se hizo a partir de piezas comunicativas, campañas en emisoras comunitarias y talleres, con el objetivo de facilitar puentes de comunicación entre funcionarios y víctimas, en clave de sensibilización y prevención del delito.

  • La Procuraduría General de la Nación aumentó sus capacidades de inclusión del enfoque diferencial pluriétnico en su rol en el marco de aplicación de la Ley de Justicia y Paz, a través de espacios de trabajo conjunto y discusión sobre expresiones ligadas a la cosmovisión y derecho propio de cada comunidad; sus usos, costumbres, especificidades particulares de las afectaciones de sus derechos colectivos respecto al daño colectivo con prioridad en el territorio; la autonomía, integridad cultural; sistemas de autoridad; organización de instituciones; prácticas y conocimientos ancestrales entre otros. Este aumento de capacidades le permitió al Ministerio Públicos solicitar medidas de reparación colectiva en varios incidentes de reparación.

  • Aplicada estrategia de salida en materia de apoyo al Ministerio de Justicia sobre la ley de Justicia y Paz, a través de la entrega de la sistematización y el análisis de los apoyos dados por el FJT en 5 años. Esta sistematización se convierte en gestión del conocimiento de las lecciones aprendidas tras 5 años de apoyo a la implementación de la Ley de Justicia y Paz por parte del FJT del PNUD. Esta información, junto con la transferencia paulatina al Ministerio de Justicia del liderazgo y coordinación del proyecto, se constituyen como la estrategia de salida.


Enfoque de género
Con respecto al enfoque de género en este eje de trabajo, se logró promover el acceso integral a la justicia y a la reparación de 766 víctimas del delito de violencia sexual incluyendo a personas con orientación sexual y de género diversas. Gracias a la estrategia de acceso a la justicia desarrollada con el Ministerio de Justicia y del Derecho y el impulso a los círculos de acompañamiento psicosocial, se contribuye con la recuperación emocional de las y los sobrevivientes de este delito, así como su acceso a jornadas especiales de atención para que sean recibidas sus denuncias y se inicie un proceso de investigación de los casos.
Violencia Sexual
En materia de apoyo a las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto, los principales impactos conseguidos en el 2015 son:

  • 594 mujeres víctimas de violencia sexual contaron con acceso a la justicia reparación administrativa a partir del apoyo de jornadas institucionales que impulsaron sus casos judiciales y administrativos, facilitando su acceso a un defensor público y difundiendo información sobre la oferta institucional a la cual pueden acceder como víctimas. Todo ello en un contexto que a la vez les permite recibir apoyo psicosocial y jurídico. Este número equivale al 4,9% del total de víctimas registradas en el RUV por hechos relacionados con delitos contra la libertad y la integridad sexual.

  • Mujeres víctimas de violencia sexual del departamento de Chocó recibieron apoyo al impulso de sus casos a partir del reconocimiento realizado por la Sra. Zainab Hawa Bangura, Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas en materia de violencia sexual en conflicto armado. La Sra Bangura realizó una visita a Chocó, acompañada por Onu Mujeres y el FJT, donde pudo conocer de primera mano las acciones impulsadas por el Fondo en esta materia desde el año 2014 y, particularmente, aquellas relacionadas con el impulso a la estrategia interinstitucional de acceso a la justicia y a la reparación administrativa de las víctimas de violencia sexual: 1) identificación de casos con el apoyo de las organizaciones de la Red de Víctimas articuladas con el FJT, 2) jornadas de acompañamiento psicosocial y 3) jornadas interinstitucionales de denuncia y declaración conjunta que permitieron a las mujeres iniciar rutas de acceso a la justicia y la reparación. Este apoyo fue refrendado con la visita de funcionarios del Gobierno canadiense encargados de proyectos del Fondo de Paz Global y Seguridad de Canadá, visita acompañada por Inka Matilla (Directora Adjunta PNUD).

  • El 80% de las personerías municipales y distritales del país capacitados con herramientas para defender a las mujeres de la violencia "dentro y fuera del conflicto armado" promoviendo sus capacidades para que puedan actuar en el nivel local, a través de la socialización de "Herramientas para defender a las mujeres de la violencia dentro y fuera del conflicto armado".

  • 1.190 víctimas de violencia sexual fueron apoyadas en su recuperación emocional y el empoderamiento en derechos, a través de su participación en la estrategia de “círculos de acompañamiento” realizada en 70 municipios de 12 de departamento.

  • La Defensoría del Pueblo aumentó sus capacidades de respuesta institucional frente a las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, dentro del Plan de Acción Integral ordenado por la Corte Constitucional a través del Auto oo9 de 2015, a través de la realización de 4 talleres regionales que permitieron identificar los principales desarrollos y aprendizajes obtenidos por los equipos de la Defensoría vinculados a la atención de mujeres víctimas de violencia sexual, aportando así a la elaboración del plan y ruta de la atención para la institución.

  • 150 funcionarios y representantes judiciales de víctimas han cualificado sus conocimientos en materia de enfoque de género y respuesta a las violencias basadas en género y la violencia sexual, a través de la Implementación del Diplomado "Incorporación del enfoque de género para la acción pública en DDHH", con un énfasis en la atención a víctimas.


Iniciativas de verdad y memoria


  • 240 funcionarios del SNARIV y 480 líderes y lideresas de víctimas cuentan con elementos básicos de la Política Pública de Archivos de Derechos Humanos y DIH, que podrán aplicar para su propio ejerció de preservación y gestión de los archivos relacionados con el conflicto armado y de esta forma contribuir con el esclarecimiento de la verdad y la memoria histórica del conflicto. Esto se logró a través de ejercicios de socialización en conjunto con el Centro Nacional de Memoria Histórica.



    1. Apoyar iniciativas de reintegración y reconciliación con enfoque comunitario.

A través de las iniciativas locales de reintegración implementadas en los municipios priorizados4, de manera conjunta con el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Agencia Colombiana para la reintegración, la Defensoría del Pueblo, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Unidad para las Víctimas durante el año 2015 se avanzó en los logros presentados a continuación por municipio.


Barranquilla.
En desarrollo de la Iniciativa “Metete en el cuento de la sana convivencia”, se adelantó un Encuentro de Expresiones Culturales y Artísticas, con el propósito de generar un espacio de reflexión entre la población víctima del conflicto armado, población en proceso de reintegración, comunidad receptora e instituciones; y en la cual se ha hecho difusión de todo el trabajo logrado por la comunidades y los demás grupos participantes a partir de otras acciones de la iniciativa en el municipio, como por ejemplo, el concurso de Letanías por la Paz, Barras por la Paz, Campeonato Mixto de Fútbol y el Festival de la Canción Inédita en las cuales han participado hasta el momento diez instituciones educativas del distrito.
Todas las acciones mencionadas con anterioridad fueron concebidas para responder a la necesidad de construir condiciones para la convivencia pacífica y la reconciliación, esto a través de estrategias artísticas tales como el canto, la poesía, el teatro, la danza, vehículos por excelencia de emociones y símbolos esenciales en la construcción de relaciones entre actores diversos, con experiencias disímiles.
Importante resaltar el trabajo adelantado en relación con la construcción de memoria en el municipio el cual permitió la realización de la construcción colectiva del mural que hará parte del museo de la memoria en Barranquilla, en este misma línea y en relación con el cumplimiento del exhorto de la sentencia de ex paramilitar Fierro Flórez (Medida de Satisfacción), la Alcaldía de Barranquilla develó una placa conmemorativa en honor a las víctimas, acto que se realizó en el Parque Universal, espacio en el cual se ha establecido el punto de encuentro por la memoria o Casa Museo el cual hoy cuenta con su dotación completa para que las acciones de uso y disfrute descritas en el plan de acción dentro del marco de la sostenibilidad puedan implementarse consolidando este espacio como punto de encuentro por la memoria.
En el tema de sensibilización a instituciones educativas, en Barranquilla y Soledad se cuenta con aproximadamente 20 instituciones educativas (40.000 estudiantes aproximadamente) que han logrado capitalizar las iniciativas socioculturales como oportunidades para la convivencia pacífica y el respeto por la diversidad, a través de su participación masiva en las diferentes acciones propuestas, además de proyectar dentro de las próximas jornadas pedagógicas y culturales del 2016 ejercicios de convivencia y paz
Soledad.
La escuela Reconciliarte se afianzó como estrategia de escuela de formación itinerante y permitió consolidar su dinámica con énfasis en arte, memoria y cultura, a través de la descripción de sus planes de acción con énfasis en la reconstrucción de historias de vida de víctimas del conflicto que habitan en Soledad.
Se señala también, la importante vinculación de la comunidad Arahuaca (asentada en el casco urbano de Soledad), a través de la participación en el Comité de impulso de una de sus líderes quien además pertenece a la actual Mesa Municipal de Víctimas y se ha vinculado a la iniciativa. Se ha logrado además concertar encuentros comunitarios con esta comunidad a partir del plan de acción de la escuela Reconciliarte, con el fin de fortalecer su participación con otros sectores del municipio y visibilizar su llegada a Soledad por causa del desplazamiento forzado.
Durante la etapa de cierre del acompañamiento del FJT a la iniciativa de Soledad, se puede resaltar que la Escuela Reconciliarte se ha consolidado en un escenario para la construcción de paz, donde los jóvenes protagonizan ejercicios de participación y reclaman la atención de todos los sectores como una fuerza viva que facilita la reflexión y la priorización del tema de la convivencia y paz en el municipio. Esta favorable valoración ha permitido que la nueva administración municipal manifieste su voluntad de continuar apoyando el proceso juvenil como una apuesta de política pública con enfoque de paz
Se resalta así mismo como la Administración saliente, a través del ultimo CTJT, realizó un balance acerca del impacto que ha generado la Escuela Reconciliarte acompañada del Comité de Impulso y las instituciones, dejando como balance un espacio consolidado de aproximadamente 70 jóvenes que se han convertido en promotores de paz y que junto al plan de acción que diseñaron para el año 2016 esperan llegar a más de 1000 jóvenes en colegios y comunidad a través de acciones que contribuyan a la paz y a la memoria histórica del conflicto.
Turbo, Bello y Popayán.
Durante el año 2015 se adelantó un trabajo con las nuevas mesas municipales de víctimas. Se lograron avances en relación con las acciones de memoria histórica y medidas de satisfacción en los tres municipios con una participación activa de víctimas y personas en Proceso de Reintegración. Algunas de las actividades en este sentido han sido la realización de murales, restauración de monumentos, actos simbólicos y cine foros, en los cuales los NNJA han sido los principales protagonistas.
En relación con la incorporación del enfoque diferencial, el carácter incluyente de la propuesta ha permitido la vinculación de comunidades indígenas en algunos municipios como es el caso de Turbo, logrando el intercambio de experiencias y conocimientos con un resguardo Embera Katío, que posibilitó compartir desde las dos culturas elementos relacionados con la convivencia pacífica y a la vez, lograr un mayor acercamiento con la institucionalidad del municipio. De otra parte, desde las iniciativas se siguen generando nuevos espacios de encuentro comunitario a los que se unen cada día diferentes actores como es el caso del SENA, que está promoviendo la participación de sus estudiantes en el desarrollo de las acciones comunitarias impulsadas por el proyecto.
Con el fortalecimiento institucional y de espacios de participación se contribuyó desde la propuesta al objetivo de generar capacidad en los individuos para acceder de manera directa al proceso público de toma de decisiones y expresarse libremente en temas que afectan su desarrollo. Para ello se buscó crear espacios y canales que facilitaran la comunicación directa entre autoridades locales y comunidad, en la búsqueda de consensos y acuerdos sobre aspectos cotidianos y otros de más trascendencia que técnicamente se conoce como democracia directa y que tienen que ver además con la promoción de comités y redes sociales para la búsqueda del desarrollo y la paz.
Estas acciones han demostrado la necesidad de realizar cambios culturales para consolidar una cultura de paz y un primer paso es iniciar con una pedagogía de paz que rechace los métodos violentos y las ideologías que los sustentan, por el diálogo, el consenso y metodologías que posibiliten el desarrollo de los seres humanos de manera integral
Las tres acciones de cierre llevadas a cabo en los municipios de Turbo, Bello y Popayán permitieron que los Comités de Impulso y las instituciones educativas visibilizaran la importancia del trabajo con NNJA en los procesos de construcción de paz. En Popayán los líderes de la Comuna 7 demostraron una vez más que las fronteras entre los barrios generadas por el conflicto (fronteras invisibles) se pueden romper con acciones como el arte y el deporte que permitan involucrar a la comunidad en general
Adicionalmente, las actividades desarrolladas con jóvenes en Turbo, Popayán y Bello permitieron la sensibilización de los y las Jóvenes frente a su rol en los procesos de paz y cambio de imaginarios dejados por el conflicto (romper con fronteras invisibles a través de actividades culturales y deportivas, entre otras)
Resultados de orden nacional.
Para los cinco municipios de intervención de la propuesta, la formulación de 5 planes de sostenibilidad de las iniciativas año 2016 por parte de los Comités de Impulso, evidencia el grado de empoderamiento y fortalecimiento de este espacio de participación respecto de sus capacidades para la autogestión de la continuidad de las propuestas. Un valor agregado importante lo constituye la vinculación y participación activa con voz y voto de aproximadamente 5.000 jóvenes de los cinco territorios que encontraron en las iniciativas espacios de expresión y construcción de escenarios propicios para la sana convivencia
El establecimiento de 5 planes de compromiso por parte de la institucionalidad socia de la propuesta, a partir de sus mandatos, para el acompañamiento al desarrollo de los planes de sostenibilidad 2016 formulados por los Comités de Impulso, garantiza que los actores vinculados a las iniciativas (víctimas, personas en proceso de reintegración, comunidad receptora) continúen generando, a través del desarrollo de las acciones, condiciones propicias que mejoren la convivencia en entornos tan difíciles como las zonas focalizadas
El desarrollo de talleres para la ejecución del componente de Fortalecimiento Institucional dirigido a los Comités de Justicia Transicional y a las Mesas Municipales de Participación de Víctimas constituyó uno de los procesos más importantes, en primer lugar porque fueron las instituciones (Ministerio de Justicia y Defensoría del Pueblo) quienes se apropiaron de la formación a estos dos espacios de participación y en segundo lugar porque la formación para las MMPV se dio en un momento coyuntural de elección de nuevos miembros de las mismas, para quienes la capacitación constituyó un insumo fundamental para comprender su rol y alcances. En el caso de los Comités de Justicia Transicional la formación aportó en brindar herramientas conceptuales y criterios de análisis a los Comités sobre los desafíos de la Justicia Transicional en la búsqueda de la reconciliación e identificar los retos frente al contexto actual del país
A través de la propuesta se logró la realización de Encuentros con candidatos a las alcaldías de Barranquilla, Soledad, Bello, Turbo y Popayán en desarrollo del componente de Fortalecimiento Institucional, posicionando en la agenda de los candidatos a las alcaldías los temas de construcción de convivencia pacífica y reconciliación. Posicionados los Comités de Impulso como medio de expresión de la sociedad civil que construye escenarios de paz desde los territorios. Firmados por los candidatos cinco documentos de iniciativas de construcción de paz.
Esta propuesta trabajo de la mano con el Área de Gobernabilidad de PNUD para formación de los Comités de Impulso en formulación de planes de desarrollo en desarrollo del componente de Fortalecimiento Institucional en el marco de la propuesta. El DNP, Departamento Nacional de Planeación para asesoría técnica en terreno a los Comités de Impulso que permita su incidencia política en inclusión de temas de construcción de convivencia pacífica y reconciliación en los planes de desarrollo.
Finalmente se logró articular con Oficinas Territoriales de Antioquia y Suroccidente de PNUD para acompañamiento a Encuentros con Candidatos a Alcaldías y con la ACR para acercamiento con la Misión de Observación Electoral - MOE para acompañamiento a Encuentros con Candidatos a Alcaldías.
Enfoque de género.
A partir de la articulación con ONU Mujeres, se incorporó el enfoque de género a los cinco documentos construidos por los Comités de Impulso que fueron presentados y firmados por todos los Candidatos a las Alcaldías que asistieron a los Encuentros.

    1. Fortalecimiento institucional para la implementación de mecanismos de Justicia Transicional.



Ministerio Público
En relación con el trabajo adelantado con instituciones del Ministerio Publico, se destaca la articulación lograda entre la Comisión Nacional del Ministerio Publico para la Justicia Transicional - CNMPJT y la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas de los municipios de Tibú, Buenaventura, Cali y Villavicencio para la rendición de cuentas a las Mesas de Víctimas respectivas. Estos ejercicios han permitido identificar las debilidades en la asistencia, atención y reparación integral a la población víctima. En este mismo sentido se logró la expedición de la Circular conjunta 001 de 2015 de la CNMPJT y la Directriz Conjunta 002 de junio de 2015 de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para la aplicación del protocolo de participación de víctimas y la segunda para el acompañamiento y asistencia técnicas a las mesas de participación.
Este esfuerzo por promover espacios de participación ha contribuido al empoderamiento de los miembros de las Mesas Municipales de Participación de Víctimas. En el municipio Carepa (Antioquia), por ejemplo, participaron alrededor de 150 personas en las sesiones descentralizadas de la Mesa y gracias a este nivel de participación se hicieron jornadas de toma de declaración en varios corregimientos. En El Rosario (Nariño), se destaca el interés de la mesa en el tema de Memoria Histórica y las gestiones para que el CNMH los asesore para crear su propio centro municipal de la memoria.
En este eje de trabajo, fueron desarrollados, en coordinación con la Unidad de Víctimas 10 talleres regionales en los departamentos de Antioquia, Cesar, Cauca, Cundinamarca, Guaviare, Atlántico, Putumayo, Meta, Santander y Norte de Santander, en los cuales un total de 466 funcionarios, en su mayoría representantes de las personerías, pudieron actualizar sus conocimientos sobre los cambios en el proceso de elección de las mesas de participación de víctimas, particularmente aquellos incluidos en la Resolución 0828 del 26 de diciembre de 2014.
Se destaca la participación de 3.096 víctimas en la realización de 6 jornadas de toma de declaración en los departamentos de Antioquia (Urabá) y Sucre, bajo la coordinación de la Comisión Nacional del Ministerio Público para la Justicia Transicional, quienes pudieron hacer su declaración antes del vencimiento del plazo definido en la Ley 1448 (9 de junio de 2015). Las jornadas tuvieron lugar en los municipios de Turbo, San Pedro de Urabá, Apartadó, Truandó, San José de Nus y Nueva Antioquia (Antioquia) y en La Peña, Flor del Monte y Buenavista (Sucre) entre el 21 de mayo y el 8 de junio. Este impactó constituye una de las contribuciones más relevantes del Fondo en el 2015 en materia de acompañamiento a las instituciones que tienen competencia en la atención a víctimas, en especial en regiones apartadas del país en las cuales las personerías y defensorías regionales representan el principal punto de atención.
La Federación Nacional de Personeros –FENALPER- y el Fondo presentaron en el foro realizado el 26 de mayo, el informe "Personerías y Mesas Municipales y Distritales de Participación Efectiva de las Víctimas: Un diagnóstico desde lo local". La información recogida y la comparación de los casos abordados demostraron que la participación de las víctimas a nivel local ha sido útil, ha arrojado resultados.
A nivel de desarrollo de nuevas tecnologías, se presentó a la Comisión Nacional de Seguimiento del Ministerio Público a la Justicia Transicional, una aplicación para teléfonos inteligentes que tiene por objetivo apoyar a las secretarías técnicas de los espacios de participación conformados en el marco de la Ley 1448 de 2011. Con esta aplicación se permite que todas las instituciones y personas estén informados sobre los espacios municipales de participación.
Finalmente, el pasado 3 y 4 de diciembre se realizó en Cartagena el Foro "Territorios por la Paz" en el marco de la VII Asamblea Nacional de Personeros. Este encuentro buscó identificar retos y establecer acciones que permitan implementar agendas locales para la consolidación de la paz en y desde los territorios, teniendo en cuenta los retos del postconflicto para la implementación de los acuerdos. El Fondo de Justicia Transicional del PNUD, junto con el Programa Alianzas Territoriales para la Paz y el Desarrollo, acompañaron la preparación y el desarrollo de este foro, el cual contó con la participación de invitados internacionales, expertos en temas de paz, comunidad internacional, actores de la paz en Colombia, periodistas y los personeros y personeras del país.
Prevención del estrés emocional y autocuidado
Se realizaron siete jornadas dobles con servidores públicos para la prevención del estrés emocional y generar prácticas de autocuidado en las ciudades de Bogotá, Cúcuta, Cali, Florencia, Medellín, Barranquilla y Pasto, alcanzando un cubrimiento de 341 servidores públicos que supervisan personal que atiende a víctimas de: la Defensoría del pueblo, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General, Ministerio del Interior, Centro de Memoria Histórica, Unidad para las Víctimas, Agencia Colombiana para la Reintegración, gobernaciones y personerías. Con lo cual se espera, mejore la calidad de respuesta estatal a víctimas y se genere una cultura de cuidado al cuidador al interior de las entidades.

De manera complementaria a esta estrategia y con el objetivo de generar sostenibilidad de los impactos, se elaboró un aplicativo compatible para PC, Smartphones, Tablets, bajo sistemas operativos Windows, Android y Apple, para la identificación rápida del nivel de desgaste emocional y acciones preventivas de autocuidado. La Unidad para las víctimas, la Procuraduría y la Defensoría han apropiado el uso del aplicativo y lo aplican a sus funcionarios para contar con un diagnóstico rápido y a la vez, implementar herramientas preventivas de autocuidado.


Prevención y protección
En esta materia, el Fondo dio continuidad al trabajo con la Unidad Nacional de Protección para la difusión de la cartilla de autoprotección elaborada con los insumos de líderes de organizaciones de víctimas, reclamantes de tierras, mujeres, periodistas, sindicalistas y grupos étnicos. Las jornadas de socialización de la cartilla se desarrollaron en las ciudades de Medellín, Popayán, Villavicencio y Pasto, a las cuales asistieron víctimas que han solicitado protección y funcionarios responsables de orientar en materia de autoseguridad y autoprotección. En total fueron capacitadas 200 personas.
Con respecto a las acciones para promover herramientas y mecanismos de protección y prevención para las víctimas, se logró que 135 víctimas que han solicitado protección ante la Unidad Nacional de Protección fueran capacitadas en medidas de autoprotección, lográndose de manera directa una cobertura del 34% con respecto a este grupo específico. Es de destacar que cerca del 50% de las víctimas son líderes de organizaciones, por lo cual se espera un efecto multiplicador de la aplicación de las medidas de autoprotección en las víctimas que hacen parte de estas organizaciones.
De otro lado, el Ministerio del Interior, la Unidad de Víctimas y la Fiscalía, señalaron que tras los procesos de reparación judicial a los que las víctimas tienen derecho, son objeto de extorsión y amenazas tras recibir los recursos de la reparación. Es por ello, que se apoyaron ejercicios de socialización de herramientas de autoprotección, logrando de manera complementaria una cobertura de 125 víctimas y 130 funcionarios capacitados en herramientas de autoprotección en el marco de la Ley 975 de Justicia y Paz.
Con relación al programa de Justicia y Paz la apoyó la realización de jornadas descentralizadas del Grupo Técnico de Evaluación del Nivel de Riesgo GTER en los departamentos de Norte de Santander, Córdoba, Bolívar, Risaralda, Cauca, Cesar y Sucre, lográndose la evaluación de 44 casos y por otra parte establecer medidas protectivas para el 60% de los casos evaluados, siendo 14 mujeres y 11 hombres las víctimas beneficiarias del total de estas medidas.
Es de resalta a nivel de enfoque de género que dentro de estas acciones, el día viernes 17 de abril se llevó a cabo un GTER descentralizado en el corregimiento de la Libertad en el municipio de San Onofre (Sucre). En donde se analizó el caso de las mujeres víctimas de violencia sexual por parte del Alias “el Oso”, paramilitar expulsado de Justicia y Paz, y que no reconoció estos delito. Sin embargo, gracias al trabajo realizado por las mujeres de este corregimiento, se lograron demostrar los delitos cometidos por este individuo. En tal sentido, se analizaron 8 casos de protección y se reforzaron medidas de protección a aquellas mujeres que ya estaban vinculadas al programa de Protección.
Con respecto a la incorporación del enfoque de género, el programa de protección de Justicia y Paz ha estudiado 3872 solicitudes de protección desde el año 2008, de las cuales 1893 han sido mujeres y 1979 hombres; actualmente están vinculados 244 hombres y 296 mujeres con medidas protectivas de las cuales 71 mujeres son víctimas de violencia sexual. De otra parte, se estableció que a 30 de marzo de 2015 la Unidad para las Víctimas reportaba un total de 9.817 personas objeto de delitos contra la libertad y la integridad sexual, de los cuales 8.795 son mujeres, 802 corresponden a hombres y 31 a población LGTBI, a partir de este análisis, se priorizó la elaboración y distribución de 1000 plegables del protocolo de entrevista a víctimas de violencia sexual que solicitan protección, así como la capacitación a 130 evaluadores del nivel de riesgo pertenecientes tanto al programa de Justicia y Paz como de la Unidad Nacional de Protección (60% del total de evaluadores de los 2 programas). De esta forma se deja capacidad instalada en las instituciones para que las víctimas de este delito cuenten con una atención cualificada y se evite una nueva revictimización, así como acciones contra su integridad al hacer las indagaciones respectivas para brindar una medida protectiva.
En términos de sostenibilidad es muy importante señalar que La Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía General y el Ministerio del Interior, asumen el protocolo de entrevista a víctimas de violencia sexual que solicitan protección como la herramienta para adelantar el proceso de entrevista a todos los casos de este tipo.
Dando continuidad a la estrategia de prevención, se incorporó el enfoque de género en la metodología de elaboración de los planes territoriales de prevención. Esta metodología responde al marco de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad de las Naciones Unidas y puntualmente a las resoluciones del Consejo de Seguridad 1960 y 2106 de 2013, que establece la obligación del Estado por prevenir la violencia sexual en los conflictos armados y los escenarios de postconflicto. Es importante señalar que la metodología ha sido incorporada en del Conpes 3784 como estrategia de prevención del Estado.
Por último, gracias a las acciones de seguimiento a las recomendaciones de los Informes de Riesgo del SAT, se han adelantado acciones para beneficiar a las víctimas del municipio de San Antero (Córdoba) especialmente en lo correspondiente a prevención del reclutamiento y desarrollo socio económico de familias víctimas. Al respecto, se lograron beneficiar 21 empresas unifamiliares reduciendo el riesgo de reclutamiento en dos corregimientos del municipio, mediante la implementación de una estrategia de capacitación a jóvenes con posterior financiación de micro empresa, hasta el momento se han vinculado 7 jóvenes pertenecientes a la población víctima y en riesgo de reclutamiento.
Desaparición forzada
Gracias a la investigación apoyada por el Fondo a cargo de la Fundación Nydia Erika Bautista, organización que hace parte de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se ha logrado contribuir de manera importante en el estudio del delito de desaparición forzada en los casos relacionados con las mujeres. El informe, “Desaparición Forzada de Mujeres en Colombia: Un Estudio del Conflicto Armado 1985-2005”, evidencia que en Colombia en  los últimos 30 años 5.230 mujeres fueron víctimas de desaparición forzada, figurando entre los responsables, agentes del Estado, paramilitares y grupos guerrilleros.
Complementariamente, se hace una reconstrucción de casos tan importantes como las mujeres desaparecidas en el palacio de justicia en el año 1985 y el caso de Nydia Erika Bautista desaparecida en 1987. Así como la relación estrecha que hubo en la década de los 90 entre el afán de combatir el fenómeno del secuestro y  la comisión del  delito desaparición forzada, evidenciado de manera clara en uno de los casos descritos en la investigación, como es el caso de Nancy Apraez y la desaparición de su hijo de 11 meses, en la ciudad de Popayán en 1993.
Por último, en materia de recuperación y entrega digna de restos, en el cementerio de Cimitarra se realizaron 70 exhumaciones en fosas comunes y se recuperaron 70 cuerpos de los cuales 12 fueron identificados y a 58 se les realizaron necrodactilias y perfiles genéticos que fueron ingresados al SIRDEC. De manera complementaria se realizó la entrega digna de restos de 20 familias víctimas del delito de desaparición forzada en la ciudad de Villavicencio.


    1. Apoyo a la efectividad de la reparación integral.

En materia de reparación colectiva, esta propuesta contó con la cofinanciación de COP$600.000.000 por parte de la Agencia Presidencial para la Cooperación-APC para apoyar la formulación de planes de reparación y la implementación de medidas de siete sujetos que tras el apoyo, cuentan con una resolución que les reconoce como sujetos de reparación colectiva por parte del Gobierno colombiano. Para el desarrollo de la estrategia, el Fondo articuló sus acciones con la UARIV, entidad que mantuvo el relacionamiento con las organizaciones, lo que contribuye a la capacidad instalada en el país.


Se resalta que esta estrategia ha incorporado un enfoque de género desde su diseño, apoyado las organizaciones de mujeres en la implementación de su plan de reparación colectiva. Estas organizaciones son la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia ANMUCIC, la Asociación de Mujeres Afro por la Paz AFROMUPAZ y la Corporación Casa Amazonía. Cada una de estas organizaciones cuenta con un plan de reparación que incorpora medidas de reparación efectivas para mejorar la calidad de vida y oportunidades en las mujeres, como por ejemplo la superación del duelo y capacitaciones en emprendimiento y herramientas organizativas para la autogestión.
De igual manera, la ANUC actualmente cuenta con su plan de reparación colectiva, el cual fue aprobado en el marco de la Asamblea Nacional 2015, apoyada por el Fondo y a la cual asistieron cerca de 5200 afiliados y contó con la presencia del Presidente de la República y el Coordinador Residente del SNU.
Con relación a las Juntas de Acción Comunal de todo el país se realizó la Asamblea Nacional 2015, en la cual se hizo su reconocimiento e inclusión como sujeto de reparación colectiva a la vez que se aprobó el plan de reparación de estas corporaciones locales.
Frente a la semana por la paz a través de la organización Redepaz, propiciando espacios de sensibilización y cultura de paz en la ciudad de Bogotá. Así como
Entre los resultados es importante señalar que esta estrategia adelantó un componente transversal de rehabilitación comunitaria a través de la estrategia de la UARIV denominada “entrelazando”, con la cual se realizaron 560 jornadas lideradas por el grupo de tejedoras de cada organización, con un alcance de 1190 mujeres en 70 municipios de 12 departamentos, lo cual se ha constituido en una medida importante de rehabilitación para la reparación colectiva.
Sujetos Étnicos
Esta estrategia ha logrado beneficiar un total de 45.962 personas correspondientes a 86 comunidades étnicas, bajo diferentes acciones adelantadas por el Fondo.
El trabajo realizado por el Fondo para impulsar la reparación y restitución de tierras a sujetos étnicos ha fortalecido y cualificado el trabajo de los miembros de las comisiones de justicia transicional del Ministerio Público, específicamente en el cumplimiento de las obligaciones que los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011 pertenecientes a grupos étnicos, incidiendo en la atención directa que se les brinda a los indígenas, afrocolombianos y gitanos que acuden a las personerías, DP y la PGN.
Con el objetivo de empoderar a las comunidades étnicas en sus derechos contenidos en los Decretos Ley 4633 de 2011 para indígenas y 4635 de 2011 para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, se realizaron 44 socializaciones de los decretos ley a las comunidades étnicas en todo el territorio nacional, a través de la Defensoría del Pueblo, lo cual corresponde a que 3.080 personas tienen conocimiento sobre los decretos ley.
Se apoyó la realización de 30 asambleas de socialización e intercambio cultural sobre caracterizaciones de demandas para la restitución de tierras. Lo cual representa la participación de 4.500 personas, en dichas asambleas a lo largo de todo el territorio nacional, lo cual ha generado como impacto, que estas asambleas se conviertan en escenarios de construcción de Memoria Histórica, y en espacios de reivindicación del sujeto colectivo como sujeto de derechos y como víctima del conflicto armado.
Se realizó un informe sobre el proceso de alistamiento para la reparación del resguardo de caño mochuelo, en el cual se encuentras los pueblos Woumane, Saliva, Maiven, Yamatero, Piapocos, Sikuane, Tsiripos, Wupijuwi, Amorua y Matdue, que representan un total de 3.500 personas que se beneficiarían del proceso de reparación.
En esta misma línea de acción, se adelantaron dos informes sobre caracterización de afectaciones territoriales de tres comunidades étnicas, el Pueblo Kogui de la comunidad de Tugeka que representa 1200 personas beneficiarias, el Pueblo Embera Chami, de la comunidad de San Lorenzo el cual representa 11.660 personas y la Comunidad de Caño Momo que representan 22.000 personas.
Por último, para el caso de Pedeguita y Mancilla en el departamento del Choco, se interpuso la medida cautelar, con lo que se logra la protección de los derechos al territorio de 16 comunidades indígenas que representan aproximadamente 1.000 personas.


    1. Pedagogía sobre la Justicia Transicional.

Durante el 2015 las acciones de comunicación adelantadas por el Fondo en favor de la promoción de los derechos de las víctimas, han priorizado el trabajo directo con la red de periodistas y el trabajo con instituciones educativas.


Con este propósito se dio continuidad a los conversatorios sobre justicia transicional y el papel del periodismo regional en la materia, facilitando así que un total de 80 estudiantes de comunicación social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano pudieran participar de este espacio y promover el debate público en la materia. Este espacio denominado “Qué entendemos por Justicia Transicional, las víctimas y el papel de los medios en contextos de transición”, ha contribuido en gran medida a establecer unos principios básicos sobre el rol de los medios de comunicación en el proceso de paz y se espera que brinden insumos importantes para la eventual fase de implementación de los acuerdos de la mesa de dialogo en La Habana.
En el trabajo con la red de periodistas apoyada por el Fondo, un total de 100 Periodistas de radio, prensa, televisión e internet del ámbito regional (16 departamentos y 2 subregiones), se logró sensibilizar sobre la importancia que representan los archivos periodísticos y del Medios de comunicación para su conservación y manejo de la verdad, esto en alianza con el CMH.
En coordinación con la iniciativa para impulsar la política pública de archivos de DDHH y DIH, el CNMH y el Fondo, brindaron asesoramiento en manejo y conservación de archivo periodístico a los periódicos regionales Meridiano de Sucre y El Pilón (Cesar), sobre el cubrimiento del conflicto armado que estos medios hicieron desde el periodo 1990 hasta el año 2005, en los departamento de Sucre, Cesar y la subregión de los Montes de María.
Se llevó a cabo la primera edición del “Festival por la vida de las mujeres” cuyo objetivo es visibilizar a las sobrevivientes de hechos de violencia sexual en el marco de la campaña ‘No es hora de Callar" liderada por la periodista Jineth Bedoya y en la cual se congregaron las de 1.500 personas en su mayoría mujeres para construir de manera simbólica un gran corazón humano en la ciudad de Bogotá. También, en el marco de la Campaña "No es Hora de Callar", se llevó a cabo un encuentro durante con la participación de 50 mujeres víctimas de violencia sexual. En la jornada de trabajo, se desarrolló un ejercicio analítico y simbólico con la participación de ONU Mujeres, la Fundación Círculos y el equipo del Fondo, con el propósito de reivindicar a las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.
En el mes de octubre se adelantó la Carrera 10K Colombia Corre por la Paz y la Reconciliación. 3.500 personas de todos el país entre víctimas del conflicto armado de varias regiones, personas en proceso de reintegración, otras en condición de discapacidad, mujeres, jóvenes, niños, niñas y adultos, así como miembros de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Corrieron en la actividad atlética 10K bajo el lema "Colombia Corre por la Paz y la Reconciliación", esta acción permitió que en Colombia el PNUD a través del Fondo de Justicia Transicional realizara la primera carrera atlética de la historia del país entorno a este tema.
En relación con las sentencias de Justicia y Paz, proferidas, se adelantó un ejercicio de socialización en periódicos regionales y nacionales, además se elaboraron 2 cuñas radiales de 45 segundos y 500 afiches informando sobre las actividades a desarrollar en materia de prevención en el marco de las acciones de justicia y paz.
Finalmente, se apoyó para la participación de 25 mujeres víctimas de violencia sexual en la toma de una muestra fotográfica para la construcción de 10 historias de vida bajo el lema " la voz de las mujeres" 25 Mujeres de las regiones más afectadas por el conflicto armado en condición de víctimas de violencia sexual participan de la muestra fotográfica para crear una campaña de sensibilización que trae por nombre "Derecho de Voz".
Enfoque de género
La carrera atlética 10 K permitió la participación de víctimas del conflicto armado de varias regiones, personas en proceso de reintegración, otras en condición de discapacidad, mujeres, jóvenes, niños, niñas y adultos, así como miembros de las comunidades indígenas y afrodescendientes, miembros de la comunidad internacional.
3.250 personas participaron de la carrera entre mujeres, jóvenes, niños, niñas y adultos

El 39% de las participantes fueron Mujeres y un 61 % fueron hombres en la carrera.

95 personas entre víctimas del conflicto armado, personas en proceso de reintegración, personas en condición de discapacidad, miembros de comunidades indígenas y afrocolombianos.


  1. Articulación con otras iniciativas del PNUD y agencias del SNU

En este periodo se destaca el desarrollo del primer proyecto interagencial ejecutado por el Fondo de Justicia Transicional de manera conjunta entre el PNUD, ONU Derechos Humanos y UNODC referido al análisis exhaustivo sobre medidas y penas alternativas a delitos cometidos en el marco del conflicto armado. En el marco de este proyecto, se acompañó el proceso de otorgamiento del beneficio de indulto a 30 personas, hombres y mujeres, pertenecientes a las FARC. Este beneficio se enmarca en los acuerdos de las negociaciones de La Habana.


Por otra parte, en el trabajo coordinado con ONU Derechos Humanos, se ha logrado adelantar un ejercicio de análisis en relación con la estrategia de "Lucha Contra la Impunidad del Delito de Desaparición Forzada", la cual tiene, entre otros objetivos, el fortalecimiento del rol de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y del Instituto Nacional de Medicina Legal para la Intervención de Cementerios en Colombia. La implementación se focalizo en primer lugar en el municipio de Cimitarra en el departamento de Santander, cuyo objetivo central fue la recuperación de cadáveres inhumados en dicho cementerio, se recuperaron 72 cuerpos que actualmente están en proceso de identificación.
Así mismo, sobresale el trabajo integrado con las oficinas territoriales del PNUD en el marco del trabajo articulado entre el FJT y el Programa Alianzas Territoriales para la Paz. Destaca el trabajo en el departamento de Antioquia, que integró en su plan de trabajo y seguimiento 2015, las iniciativas desarrolladas desde el Fondo referidas a la promoción de la convivencia y la reconciliación en los municipios de Turbo y Bello. Complementariamente, vale señalar la alianza estratégica que se ha mantenido con la Agencia de Voluntarios de Naciones Unidas, que ha permitido hasta el mes de marzo la vinculación de 10 jóvenes (hombres y mujeres) voluntarios que acompañaron la implementación de esta propuesta como un complemento a los esfuerzos del comité de impulso. Así mismo, se han que se coordinado acciones con la oficina territorial de Córdoba para el desarrollo de actividades en favor de las víctimas del municipio de San Antero (Córdoba) especialmente en lo correspondiente a prevención del reclutamiento y desarrollo socio económico de familias víctimas en el marco de la estrategia de protección y prevención.

Por último, en relación con las iniciativas de protección, se ha logrado un trabajo más articulado con ACNUR para la definición de las acciones en esta materia, especialmente en el componente de seguimiento a amenazas que se adelanta conjuntamente con la Defensoría del Pueblo.


Se destaca también el trabajo adelantado con el Programa Alianzas Territoriales para la Paz con el fin de poner en marcha una iniciativa para contribuir con el proceso de análisis desde la sociedad civil a la creación e implementación de una futura comisión de la verdad en Colombia, teniendo como eje importante el enfoque regional y territorial.
Este proyecto que conto como socio estratégico al ICTJ, ha sido formulado conjuntamente y será cofinanciado por los dos Programas, desarrollando el plan de trabajo a partir de 3 resultados:

  1. Formación y diálogo con organizaciones sociales y de víctimas sobre justicia transicional (en Bogotá, Norte de Santander, Montes de María y Antioquia).

  2. Formación y diálogo con organizaciones sociales y de víctimas sobre el esclarecimiento de la verdad y la construcción de memoria, en particular sobre el mecanismo de una comisión de la verdad.

  3. Identificación y sistematización de expectativas, preocupaciones y propuestas de organizaciones sociales y de víctimas.

La propuesta de Convivencia y Reconciliación logro articularse con ONU Mujeres para la incorporación del enfoque de género a los cinco documentos construidos por los Comités de Impulso y firmados por los candidatos a las alcaldías asistentes a los Encuentros. Por otro lado la propuesta se ha articulado con el Área de Gobernabilidad del PNUD para formación a los cinco Comités de Impulso en formulación de planes de desarrollo, en desarrollo del componente de Fortalecimiento Institucional de la propuesta


La propuesta de Violencia sexual ha mantenido un dialogo fluido con Onu Mujeres y otras agencias que trabajan el tema de VSCA. Igualmente se participa en el grupo interagencial de Violencia Sexual donde se articulan las acciones.
Por otro lado y en el marco de este proyecto se ha logrado avanzar en la articulación con el área de Pobreza del PNUD, particularmente con el Proyecto de DEI rural facilitando el acceso a la ruta de productividad y empleabilidad de mujeres víctimas de violencia sexual en proyectos productivos en la zona de los montes de Maria.


  1. Gestión de riesgos

Como parte integral de la planeación de las acciones del Fondo para la vigencia 2015, se ha adelantado un ejercicio de identificación de riesgos que permite establecer las medidas de contingencia que pueden ser consideradas para mitigar los impactos que este tipo de eventualidades pueden tener en los proyectos en curso y de manera general para el funcionamiento del Fondo.


A continuación se presenta el resultado de este ejercicio:



Con.

Tipo

Riesgo

Medida implementada

R1

Seguridad

Amenazas e intimidaciones a las comunidades por participar en el proceso de restitución de tierras  que llevan a cabo las instituciones como la Unidad de Restitución de tierras, la Unidad de Victimas, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.

Se efectuó seguimiento permanente a la situación de riesgo a través de las organizaciones de víctimas y se adelantaron gestiones de protección a través de la UNP y el Ministerio del Interior en los casos en los que fue necesario.

R2

Estratégico

La interrupción de las iniciativas apoyadas por el FJT en la transición a un nuevo programa de justicia transicional o un MDTF

Si bien el 2015 no registró grandes cambios a nivel del contexto con el que se inició ese año. De manera preventiva se formuló un nuevo programa de justicia transicional acorde con los cambios en el país y en la arquitectura de la cooperación en Colombia.
Adicionalmente se acompañó el proceso de formulación del MPTF y se realizaron recomendaciones del borrador de la estrategia de respuesta rápida a finales del 2015.

R3

Político

La alteración de la agenda programática del FJT derivada de la indefinición de los diálogos entre el Gobierno Nacional y las FARC

Si bien en el 2015 no se firmó la paz, si se asistió técnicamente a la realización de los foros para el punto de víctimas y actualmente, el acuerdo sobre derechos de las víctimas recoge los diferentes componentes de la justicia transicional.

R4

Político

La agenda preelectoral puede dificultar la puesta en marcha de las acciones regionales apoyadas por el FJT.

Dada la coyuntura electoral se efectuaron foros y acuerdos programáticos entre candidatos a las alcaldías, para que incorporasen en sus planes de gobierno en caso de ser electos, temas priorizados por las organizaciones de víctimas y de manera especial el componente de reintegración en Barranquilla, Soledad, Popayán y Buenaventura.

R5

Financiero

La implementación del plan de actividades 2015 puede tener alteraciones derivadas del retraso en los desembolsos programados en el marco de los distintos convenios con donantes.

Se mantuvo constante comunicación con los donantes para evitar este tipo de situaciones.

R6

Político

Que el marco normativo de Justicia y Paz sea relegado por un marco normativo nuevo.

Se planteó en el marco del nuevo PRODOC, elementos que recogen la experiencia de Justicia y Paz y a la vez contribuir con la formulación de nuevos mecanismos en trabajo conjunto con las instituciones.

Adicionalmente se realizó la consultoría que recoge los principales logros y buenas prácticas de Justicia y Paz.



R7

Estratégico

Salida de postulados de justicia y paz sin un proceso de reintegración efectivo




R8

Operativo

Retrasos en la implementación de las iniciativas por cuenta de los procedimientos administrativos.

Se establecieron cronogramas de procedimientos acordes con la planeación y se hizo seguimiento al plan de adquisiciones.

Adicionalmente el PNUD estableció una política de aceleración de procedimientos que redujo ostensiblemente los tiempos en más de un 50%.



R9

Financiero

Algunas de las propuestas que implementa el FJT o algunas de ellas no sean asumidas por la institucionalidad o no generen un proceso sostenible.

En muchos de los temas apoyados, las instituciones adelantaron procesos de consecución de recursos a nivel interno para darle continuidad a estrategias relevantes y priorizadas para el año 2016.




1 Informe preliminar realizado por el equipo técnico del Fondo de Justicia Transicional del PNUD.

2 Monitor de Desescalamiento del Conflicto Armado Interno en Colombia. CERAC. Consultado en: http://productos.cerac.org.co/wp-content/uploads/2016/01/ReporteCERAC_Evaluacion6MesesDeDesescalamiento.pdf

3Primer Informe del Relator Especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Asamblea General de Naciones Unidas/Consejo de Derechos Humanos, agosto de 2012. UN Doc. A/HRC/21/46, pág. 7.

4 Popayán, Turbo, Soledad, Barranquilla y Bello.





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